En el marco de las sesiones extraordinarias de febrero, el Ejecutivo busca modificar la Ley 26.639 para ampliar el control provincial sobre los territorios. Una experta advierte que la iniciativa podría vulnerar el principio de no regresión ambiental y debilitar la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua.
Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)- El ambiente es, una vez más, terreno de disputa legislativa. Es que febrero será escenario para sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Y, además del proyecto de reforma laboral, otro de los ejes que ya genera debate en el seno político y científico es la modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639). ¿El objetivo del Gobierno Nacional? Otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios, con la explotación minera e hidrocarburífera como telón de fondo. Pero voces expertas ya se alzan en contra de posibles cambios que impacten a nivel ambiental.
“Una de las primeras cosas para destacar es que esta Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es un verdadero ejemplo en el mundo, por el nivel de protección que tiene de estos cuerpos de hielo a nivel nacional”, destacó, en diálogo con Radio Universidad, la doctora Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas. “Hablamos de una ley que lleva 15 años vigente, luego de un proceso de debate y de participación social muy importante, y que se aplica desde ese entonces”, agregó.
Para la experta, si bien todo debate parlamentario es lícito, hay una jurisprudencia firme: el principio de no regresión ambiental. Es decir, se puede aumentar la protección, pero no retroceder. “Cualquier modificación que se haga a la ley, posible como en cualquier otra norma, no puede retroceder respecto a la protección. No debiera desprotegerse lo que ya está protegido”, sentencia la investigadora, con sede de trabajo en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (IIIA – UNSAM).
El Inventario Nacional de Glaciares, en el centro de la escena
González Trilla pone el acento en una cuestión clave para entender los cambios que el Ejecutivo quiere implementar. “Hay un instrumento previsto por la ley, y es el Inventario Nacional de Glaciares, que registra cuerpos de hielo. Estos incluyen a los glaciares ‘blancos’ -masas de hielo puro y nieve-, a los manchones de nieve y a los llamados glaciares de escombro, que pertenecen a lo que se denomina el ambiente periglacial”, desmenuza la especialista.
La responsabilidad de elaborar ese Inventario es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tiene dependencia del CONICET, la UNCUYO y el Gobierno de Mendoza. En total, son 12 las provincias que contienen algún tipo de glaciares.
“A partir de lo que especifica la ley, todo lo que esté inventariado por el IANIGLA es objeto de protección. Incluyendo a los denominados glaciares de escombros, situados en ambientes áridos o semiáridos y, por lo tanto, con un rol clave en cuanto al agua que puedan aportar en estos ecosistemas”, amplía González Trilla. En total, hay, actualmente, un total de 16 mil cuerpos de hielo inventariados y protegidos.
El proyecto de modificación que promueve el Gobierno, en cambio, sostiene que los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario, siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLA “deberá eliminarlo” del registro.
Provincia y Nación: quién decide sobre los glaciares
Para entender parte del meollo, conviene repasar el marco normativo. En Argentina, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, lo que se conoce como dominio originario.
Según el esquema federal argentino, el artículo 41 de la Constitución, a su vez, establece un delicado equilibrio: mientras las provincias son dueñas de sus recursos naturales, la Nación fija los presupuestos mínimos de protección ambiental que rigen en todo el país. Es decir, un piso común que no puede reducirse. En el caso de los glaciares, eso implica que las provincias pueden decidir cómo gestionar el territorio que los rodea, pero no si esos cuerpos de hielo deben protegerse o no. La Ley de Glaciares establece justamente ese límite.
“La ley de Glaciares es una ley de presupuestos mínimos, que establece una base de protección. A dicha base luego las provincias la aplican en sus territorios a través de diferentes instrumentos de gestión –señala González Trilla–. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que definen qué es lo que se puede hacer o no alrededor de esos cuerpos de hielo inventariados. Pero no deben quedar dudas es que hay una participación de las provincias desde hace 15 años, de manera continua”.
Tras el fuerte oleaje en Mar del Plata y Santa Clara del Mar que dejó como saldo un muerto y más de 30 heridos, un experto del CONICET explica los factores meteorológicos y climáticos detrás del fenómeno. Por qué es difícil de prever, las posibles relaciones con el cambio climático y otros casos en el resto del mundo, en este artículo.
Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)- Las conclusiones del ámbito científico parecen conducir al mismo puerto: la serie de olas que avanzaron este lunes 12 sobre algunas playas bonaerenses, con un saldo trágico de un muerto y 35 heridos, fueron ocasionadas por un evento meteorológico, y no por algo sísmico. El análisis de los datos arrojará si el fenómeno fue un meteotsunami, un virazón, o incluso, una combinación de ambos, explica un experto de Mar del Plata.
¿Cuál es la diferencia? “El meteotsunami es una variación del oleaje, producto de cambios en la presión atmosférica. Pensemos que un cambio rápido de presión atmosférica actúa como una fuerza que empuja la superficie del agua. El virazón, por su parte, es el cambio repentino en la dirección del viento, algo muy común en la costa bonaerense”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM Federico Isla, doctor en Ciencias Naturales e investigador superior del CONICET.
En caso de que se hayan dado en simultáneo, resta por ver si fue más decisivo el cambio de presión o el cambio del viento.
¿Se puede volver a repetir algo así? Las características de este tipo de fenómenos implican que sea extremadamente difícil prevenirlo. “La sugerencia que se puede hacer a turistas y bañeros es que se preste especial atención al cambio de vientos. Sobre todo cuando hay retiro del mar por varios metros. Ahora, si ese cambio de viento pudo haber provocado algo tan energético y de esa velocidad…es algo que no habíamos visto en estas costas, con esas dimensiones”, plantea Isla.
El investigador, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC CONICET Mar del Plata), agrega que fue un fenómeno regional, no local. “Al extenderse desde Mar del Plata hasta Mar Chiquita, estamos hablando de 35 kilómetros de costa”, especifica.
La carta del cambio climático, sobre la mesa
Para Isla, eventos climáticos como los observados en Santa Clara y alrededores son un indicio más del cambio climático. “Los cambios de presión atmosférica o de la dirección del viento son frecuentes en la costa, pero no con esa intensidad. Estamos viendo procesos que creíamos de una magnitud, pero que, ahora, son mucho más violentos y también más recurrentes. Algo similar, en otro plano, a lo ocurrido con las lluvias copiosas (flash floods) en La Plata en 2013 y en Bahía Blanca en 2025. En este último caso, llovió en 24 horas lo que debía llover en un mes”, detalla.
En este sentido, el investigador agrega que, si bien la provincia de Buenos Aires “está preocupada por el manejo costero integrado, es lamentable que nacionalmente ya no se reconozca el cambio climático”. “Ya en 2024, por ejemplo, se financió un proyecto que era muy simple: alertar a los municipios costeros, desde Magdalena hasta Coronel Rosales, con información marítima y climática, como aumento de sudestadas, del nivel del mar y de las lluvias, entre otros factores”, ejemplifica.
En diciembre, el comercio minorista pyme experimentó un retroceso del 5,2% interanual a precios constantes. En contrapartida, el número varió en la medición desestacionalizada frente a noviembre: el resultado fue de un incremento del 5,2%. Con estos valores, el índice de todo el 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%.
El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.
En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.
Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Bazar y decoración (-15%) y Perfumerías (-9,8%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una suba del 0,8%.
En resumen, diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo.
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