Medio ambiente al límite

Alarmante aumento de desmontes ilegales e incendios forestales en el norte argentino

30 de enero de 2023.- Informe de Greenpeace revela que durante 2022 la deforestación en el norte fue de más de 110.000 hectáreas, destacándose la ilegalidad de todos los desmontes que se realizaron en Chaco, suspendidos por la justicia provincial, y del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Los incendios forestales y rurales afectaron 120.000 hectáreas en Salta y Jujuy. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad: se deben prohibir y penalizar tanto desmontes como incendios forestales. La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El reporte de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, revela que la deforestación durante el año pasado en Santiago del Estero fue de 38.492 hectáreas, en Chaco 36.159 hectáreas, en Formosa 22.664 hectáreas y en Salta 15.230 hectáreas; totalizando 112.545 hectáreas. (1)
“Resulta grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido. Es importante advertir sobre la ilegalidad de las 36.159 hectáreas deforestadas durante 2022 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En ese sentido es muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 cuando, también ilegalmente, en la provincia de Chaco se perdieron 24.427 hectáreas”, advierte el informe.
Por su parte, los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego estiman que la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.
“En forma preliminar, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”, señala el reporte de Greenpeace.
Nota:
1) Deforestación en el norte de Argentina. Informe Anual 2022. Greenpeace Argentina.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2023/01/e9b71707-deforestacion-en-el-norte-de-argentina-informe-anual-2022.pdf 

Matanza de pingüinos en Punta Tombo: organizaciones presentan querella penal


Matanza de pingüinos en Punta Tombo: organizaciones presentan querella penal
Fotos: link
23 de noviembre de 2022.- Las organizaciones Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina presentaron una querella penal respecto al ecocidio de cientos de pingüinos que tuvo lugar en la Reserva Natural Punta Tombo (Chubut), en 2021. En esta reserva, se encuentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo.
Durante agosto y noviembre de 2021, sin autorización previa de impacto ambiental y mediante la utilización de retroexcavadora, se abrieron caminos, realizaron desmontes de vegetación nativa y movimientos de suelo sobre el Área de la Colonia de Pingüinos de Magallanes y la ribera marina Punta Clara que limita con la Reserva Natural Punta Tombo, lo que ocasionó graves daños a la fauna, flora y los ecosistemas asociados.
Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
“Lo sucedido da cuenta que estamos ante una masacre de pingüinos a cielo abierto, actos atroces de crueldad animal y daños a los ecosistemas que no pueden quedar impunes”, sostuvo Lucas Micheloud, Co-director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Necesitamos que la justicia condene a los responsables con las máximas penas previstas para estos hechos y que el Congreso de la Nación avance urgentemente en la reforma del código penal tipificando los crímenes ambientales”.
José María Musmeci, Presidente de Fundación Patagonia Natural afirmó: “Es necesaria y muy positiva la intervención de la justicia para reforzar los esfuerzos de conservación constante y limitar el accionar arrogante sobre la biodiversidad que nos pertenece a todos y no al propietario del área”.
"Estamos frente a un verdadero ecocidio. Este es un claro ejemplo de como los ecosistemas y las especies son vulnerados a diario por la actividad humana. No podemos permitir que más hechos como este ocurran, necesitamos con urgencia una ley de delitos ambientales, que contemple penas específicas para estos crímenes", mencionó Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.
Más información sobre la especie:
El pingüino de Magallanes se caracteriza por medir unos 50 cm de altura aproximadamente, y su plumaje es blanco y negro. El color del plumaje le garantiza un eficiente mimetismo con el medio marino, y una serie de características relativas a la adaptación al clima, le permiten minimizar la pérdida de calor corporal. Se alimentan de peces, como sardinas, pejerreyes, anchoas y otros. Anidan en terrenos blandos cercanos a la costa y padres y madres se turnan para empollar los huevos y buscar alimento. Las crías alcanzan la madurez a los 90 días.
Más información sobre delitos ambientales:
México y Brasil han avanzando en la tipificación de los delitos ambientales y cuentan con tribunales ambientales especializados. En Argentina, el Código Penal vigente, aunque con distintas reformas, es de 1921 y no cuenta actualmente con un capítulo penal ambiental que tipifique conductas cuyo obrar puedan afectar el ambiente y la madre tierra. Solo existen algunos tipos penales en leyes especiales. Algunas de las iniciativas que están hoy en el Congreso de la Nación apuntan a incorporar un capítulo en el código vigente o una ley especial, como la de Fauna y Residuos Peligrosos, y otras proponen una reforma general del Código Penal que incorporen los crímenes ambientales. 

Seis datos sobre el felino más grande de América y los motivos por los cuales se extingue en Argentina

Seis datos sobre el felino más grande de América y los motivos por los cuales se extingue en Argentina

29 de noviembre de 2022.- Se estima que quedan sólo 20 en la región del Gran Chaco y menos de 250 en todo el país; el felino más grande de nuestro continente se encuentra en “peligro crítico” según organismos oficiales y son muchos los motivos para destacar su importancia y revertir esta situación.
1- Es una especie “indicadora” de la salud del ambiente. Al estar en la cima de la cadena alimenticia y depender de presas más pequeñas para su subsistencia, su presencia garantiza un ecosistema sano.
2- La magnitud de su territorio: Cada yaguareté requiere para sobrevivir un mínimo de 40.000 hectáreas en la región chaqueña (dos veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires), de bosques continuos y en muy buen estado de conservación.
3- Su tamaño imponente: El yaguareté es el felino más grande de América, y el tercero del mundo, luego del tigre asiático y del león. Mide entre 150 y 180 cm de largo, a lo que hay que agregarle los 70 a 90 cm que mide su cola. Alcanza una altura de entre 65 a 80 cm y su peso habitualmente ronda los 70 a 90 kg, llegando en ocasiones hasta los 135 kg.
4- Su territorio se va contrayendo: ahora viven solo en un 5% de la superficie respecto del lugar que ocupaban originalmente en Argentina. Hasta principios del siglo XX tenía una distribución muy amplia en el continente americano. Habitaba desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia argentina. Los científicos estiman que los jaguares ocupan menos del 50% de su distribución original, En nuestro país el proceso de retracción fue el más extremo.
5- La importancia para los pueblos originarios. Su imponente figura, su fuerza y su temple lo han convertido en una especie de gran valor cultural y espiritual para los pueblos originarios que habitaron y habitan el continente americano. “Verdadera fiera” en Guaraní, el yaguareté es considerado un animal sagrado.

6- Es una de las pocas especies de la fauna argentina que ha sido declarada como Monumento Natural Nacional por la Ley Nº 25.463, del año 2001. Esta norma establece que la Administración de Parques Nacionales y la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación deben implementar un plan de manejo que asegure su supervivencia. Además es Monumento Natural Provincial en las provincias de Chaco, Salta y Misiones.

A pesar de esto, su territorio no está protegido. El amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene como objetivo proteger su hábitat y así salvar a la especie.

Las amenazas :

La fragmentación y disminución de su hábitat natural, debido al avance de los desmontes, y la caza furtiva, son las principales amenazas. Los yaguaretés del Gran Chaco Americano dependen de territorios muy grandes (400 a 2.900 km2), para su supervivencia, y el deterioro de los bosques los puso al borde de la extinción en la región. Más del 20% de los bosques del Gran Chaco fueron convertidos en pastizales y tierras de cultivo. Su biodiversidad se fue reduciendo, y esto afectó particularmente a los mamíferos más grandes.
La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a China y Europa).
A su vez, los grandes depredadores del Gran Chaco, especialmente el jaguar y el puma, son a menudo cazados, principalmente por ganaderos, debido al riesgo que representan, o se cree que representan, para el ganado.
En Argentina la especie se encuentra en Peligro Crítico (CR) en la Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción, según la lista elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos.
¿Hay esperanza? A pesar de su estado crítico, los especialistas estiman que aproximadamente 81.000 km2 de la región chaqueña semiárida de Argentina aún tendría potencial para albergar al yaguareté. Detener los desmontes es la llave para comenzar a revertir la situación alarmante de la especie tan valiosa en nuestro país. 

La Sociedad Rural presiona al gobierno de Salta por más desmontes

Salta, 31 de mayo de 2022.- Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas. El pedido de los ruralistas se da en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. (1)
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación. (3)  

Barcos frigoríficos en altamar: activistas de Greenpeace denunciaron transbordos

La organización ambientalista Greenpeace documentó un transbordo en altamar. Sus activistas, desde el agua y con el mensaje "Protegé el Mar Argentino", expusieron las prácticas que realizan estos pesqueros.
La operación, por la cual un barco pesquero descarga su captura a un buque frigorífico que luego se encarga de transportar a puerto, fue detectada por activistas de la organización, que están a bordo del barco Arctic Sunrise. Ocurrió en una zona del Agujero Azul, fuera de la zona económica exclusiva argentina aunque sí sobre la plataforma extendida de jurisdicción nacional. Esta actividad se estaba realizando a 400 km al sudeste de la Península Valdés.
De acuerdo a la plataforma Global Fishing Watch, entre el 19 de diciembre de 2021 y el 19 de marzo de este año, han existido 258 encuentros entre buques que pueden corresponder a transbordos en altamar en el Agujero Azul. Los transbordos habilitan el blanqueo de capturas provenientes de pesca ilegal, no regulada o no declarada.
Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace declaró: “Los transbordos en altamar permiten que las flotas operen fuera de la vista de las autoridades, lo que facilita que oculten capturas ilegales y estén más tiempo sin regresar a puerto. Eso aumenta significativamente las operaciones de pesca y la probabilidad de abusos de los derechos humanos".
La pesca intensiva, la afectación constante del fondo marino y su diversidad, la facilitación de prácticas comerciales cuestionables por la falta de regulaciones eficientes en altamar y la falta de trazabilidad en la cadena de custodia de las capturas realizadas son algunos de los puntos críticos que se destacan.
“Por todos estos motivos, el Agujero Azul es un foco mundial de lo que llamamos pesca ilegal, no declarada y no regulada, una de las principales amenazas que hoy acechan a los océanos. Este año, tenemos la oportunidad de lograr un Tratado Global de los Océanos. Este acuerdo es crucial, ya que nuestra vida en el planeta depende de océanos sanos. De esta manera, se gestionarán herramientas para crear santuarios marinos más allá de la jurisdicción de los países ribereños. No lograrlo, sería un fracaso”, agregó Vueso.
El barco Arctic Sunrise se encuentra desde hace varias semanas realizando un trabajo de investigación y monitoreo de sobrepesca en el Agujero Azul, como parte de su campaña para la protección del Mar Argentino.

Más información:
El barco de bandera panameña que estaba recibiendo la carga del pesquero de arrastre, pertenece a las empresas de la familia Laskaridis que poseen o controlan la mayor flota mundial de buques frigoríficos dedicados al transbordo en altamar. Fue construido en 1997, su capacidad de carga de pescado congelado aproximada es de 10.000 toneladas y se informa que su calado actual es de 5,7 metros. Su largo total (LOA) es de 143 metros y su ancho es de 22 metros. 

Organizaciones piden al Ministerio de Ambiente que rechace los planes offshore

Las organizaciones Greenpeace, Eco House Global, Jóvenes por el Clima Argentina, Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Surfrider Argentina, Asociación de Surf Argentina, Fundación Patagonia Natural, Asociación Civil Kula Earth, Ecos de mar, Organización Mar, Organización de Conservación de Cetáceos Uruguay, Red Interinstitucional Juntos Podemos, Sociedad de Fomento del Barrio Playa de Los Lobos y Organización Fuser solicitaron al Ministerio de Ambiente que rechace la explotación de sísmica offshore en los bloques CAN 100, CAN 108 Y CAN 114, solicitados por la empresa Equinor. Estos bloques están ubicados en áreas de reproducción y cría de la ballena franco austral.
En septiembre, la suspensión de plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto fue comunicada por medio del Boletín Oficial.
A su vez, solicitaron que se revise el procedimiento de Estudios de Impacto Ambiental que atraviesan las empresas que operan offshore y que se dicte una nueva resolución para éstos, que se ajuste a nuestra legislación ambiental Constitucional, Federal y Convencional y tome los antecedentes de la Corte Suprema de la Nación en Estudios de Impacto Ambiental, considerando en especial la participación pública en la toma de decisiones.
Las organizaciones sostuvieron que la exploración sísmica es el primer paso para la explotación petrolífera en el Mar Argentino. Por ende, los derrames de hidrocarburos, cuya probabilidad es de un 100% de acuerdo a un estudio del UNICEN, pueden afectar seriamente a las costas y al ecosistema marino.
De acuerdo a lo manifestado en el escrito, la apertura de nuevas fronteras hidrocarburíferas y de las emisiones que emanan por la quema de hidrocarburos, en un contexto de emergencia climática global, implica responsabilidad solidaria con las generaciones presentes y futuras y con el resto de los países. Considerando las emisiones actuales de los países, los científicos estimaron que en una década se alcanzaría a colmar el presupuesto disponible para alcanzar 1.5°C de aumento de temperatura. Ello nos expone a cambios en la disponibilidad de agua, en la hidrología, en las precipitaciones y en la productividad de las regiones; inundaciones, incendios, sequía, erosión de suelos y olas de calor.
Los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114, según manifestaron, se superponen con el Frente Talud, área prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Fue incluida en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas sancionado por Ley en 2014. De ella dependen la pesca y el turismo en gran parte de la costa atlántica a lo largo de toda la patagonia. La población de ballena franca austral del Atlántico Sudoccidental, que fue declarada Monumento Natural por la Ley Nacional 23.094 en 1984, transita estas áreas ya que los Golfos Nuevo y San José son áreas de cría, reproducción y socialización en los meses de invierno y primavera.  

Que dejó el 2021: ¿avances o deuda ambiental? 

Incendios forestales en California, la Patagonia argentina, el Amazonas brasileño y varias regiones de Rusia; inundaciones en Australia y en varios países de Europa y Asia; temperaturas extremas, son algunos de los acontecimientos que dejó este año y que, según la organización ambientalista Greenpeace, son ejemplos drásticos de la emergencia climática.
“Atravesamos el segundo año de pandemia, en el quedó en evidencia que el vínculo del hombre con la naturaleza debe cambiar si no queremos profundizar las crisis sanitarias, climáticas y de biodiversidad a nivel global. Debemos construir sociedades más resilientes, donde el bienestar de las personas y el planeta esté en el centro”, sostuvo Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.
De acuerdo a la organización, pese a las grandes expectativas que se depositaban en la COP 26, una cumbre que no pudo realizarse el año pasado debido a la situación sanitaria, los acuerdos internacionales fueron tibios y no estuvieron a la altura de los desafíos que impone la crisis climática.
“Argentina tiene un gran potencial para liderar un cambio en términos de política climática. Para ello, frenar la deforestación e incluir la figura de delito penal, detener los planes de exploración petrolera offshore y apuntar a eliminar los subsidios e inversiones en combustibles fósiles para migrar a una matriz energética sostenible que priorice la generación de energías renovables deben ser medidas fundamentales para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, agregó Giambelluca.
La organización destacó avances en legislaciones que hubo durante 2021, como la sanción de la Ley de Educación Ambiental.
Por otra parte, el intento de avanzar con la minería en Chubut - cuya aprobación impulsó el rechazo de los chubutenses que resisten el avance minero hace décadas y llevó a su derogación-, la postergación de la inclusión de la figura de delito penal para los casos de deforestación en el país y la dilación del tratamiento de una ley de humedales que brinde herramientas efectivas para la protección de estos ecosistemas son algunos de los puntos críticos que tuvieron lugar durante este año.  

Ante la masacre de pingüinos magallanes en la Reserva Punta Tombo, Chubut
Ambientalistas presentan denuncia penal por el Ecocidio de Punta Tombo

En el día de la fecha, la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, para exigir una investigación penal a fondo con motivo de la masacre perpetrada en la Reserva Punta Tombo, donde cientos de pingüinos magallanes fueron asesinados.
“Entendemos que estamos ante un Ecocidio por haberse generado un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
"Las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, en una zona de alta densidad de nidos. Esto es un verdadero crimen ambiental que constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño generado es irreversible y la justicia debe actuar conforme a la gravedad de los hechos", sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Las organizaciones entienden que se estaría configurando la acción típica del delito de Crueldad contra los animales, establecido en los artículos 1° y 3° de la Ley 14.346 de Maltrato Animal, donde se penaliza a quien hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, siendo precisamente perseguida los actos de “lastimar y arrollar animales intencionalmente”, en concurso junto a otros tipos penales, como el Delito de Daño y posiblemente, el delito de Estrago (art. 183 y 186 del CPA).
Al mismo tiempo, la denuncia remitida sugiere a la Fiscalía interviniente que disponga, de manera inmediata, el traslado de los pingüinos afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal no Humano; la presentación, en un plazo 5 días, de un plan de reinserción de los pingüinos que fueran oportunamente trasladados por parte de las autoridades de la Reserva, observando que el mismo asegure los recaudos necesarios para el bienestar animal, manejo de la especie e integridad física; se efectúe una ficha médica por cada pingüino asesinado y herido, y se designe un equipo de expertos en ciencias biológicas y veterinarias de la Reserva a fin de realizar el seguimiento de la evolución de los mismos.
A su vez, se sugiere que se exhorte a la Administración de la Reserva y las reparticiones ministeriales provinciales competentes a diseñar una planificación de la Gestión Institucional de la Reserva, con el deliberado propósito de garantizar el bienestar y dignidad animal, para los pingüinos existentes y otros animales no humanos, adoptando medidas proactivas y preventivas que garanticen que no se realizarán acciones antrópicas en la reserva y terrenos colindantes que comprometan la integridad física y emocional de los pingüinos y otros animales no humanos; exhorte a las autoridades provinciales de Chubut a establecer mecanismos sancionatorios agravados frente a prácticas que dañen a los pingüinos y la diversidad biológica; solicite incorporar al imputado en registro de infractores ambientales y establezca penas privativas de libertad contra su persona y penas accesorias: inhabilitación, caducidad de permisos, clausuras, multas, entre otras.
Las organizaciones insisten en la sanción de un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra. En rigor, las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país durante los últimos años.

Sobre la reserva Punta Tombo
La reserva natural de Punta Tombo de la provincia de Chubut alberga a una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial 

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