Medioambiente al límite

Organizaciones ambientales y civiles piden justicia para el Mar Argentino 

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2022.- Las organizaciones ambientales y civiles que llevan adelante una demanda contra la exploración offshore en el Mar Argentino, se presentaron hoy en el Juzgado Federal n°2 de Mar del Plata con máscaras de ojos y con un cartel con la leyenda “Justicia es un Mar sin Petroleras”. Exigen a la Justicia un dictamen que tenga en cuenta la protección de la biodiversidad marina y las comunidades costeras y que ponga freno a la exploración de petróleo en el Mar Argentino.
“La ciudadanía ha sido ignorada en este proceso, pero continúa comprometida con la causa, y no se va a rendir. Vinimos a mostrar que la comunidad está expectante y demanda un dictamen justo que contemple la protección del Mar Argentino, y ponga freno al avance de la actividad petrolera en el mar, por el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Esto ocurre en el marco de la suspensión de la actividad petrolera en el área dictada por la Cámara Federal de Apelaciones (2), por lo cual la empresa Equinor presentó una nueva declaración de impacto ambiental, aprobada en agosto por el Ministerio de Ambiente de la Nación
“Sostenemos que esta presentación del Ministerio avasalla los derechos de la ciudadanía. Exigimos su nulidad por ser inconstitucional, al no cumplir con los preceptos constitucionales del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información, participación pública y transparencia”, agregó Vueso.
La protesta acompañó el escrito judicial en el que las organizaciones marcaron las falencias de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por el Ministerio de Ambiente a pedido de la Justicia.
“Es inaudito; el Ministerio no pudo acreditar con argumentos científicos que no va a haber afectación al Mar Argentino pero de todas maneras aprueba la actividad”, alertó Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de Océanos de Greenpeace. “Preocupa la precariedad de la evaluación de impacto ambiental complementaria que se aprobó. Si hubiera realizado el procedimiento conforme a las leyes, sería evidente la imposibilidad de realización del proyecto”.
De acuerdo a las organizaciones, la presentación oficial ignora la real afectación a la fauna y el clima que implicaría la actividad, no contempla impactos indirectos ni acumulativos ni sinérgicos, apela a medidas de mitigación arbitrarias e insuficientes e ignora los principios precautorios de cara a la ciencia disponible y vigente.
En enero, Greenpeace, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar), Ecos de Mar, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una acción de amparo y medida cautelar contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación por la autorización de las operaciones de exploración offshore en el Mar Argentino, para exigir el freno a las actividades offshore y el reconocimiento al derecho a vivir en un ambiente y clima sano, como fundamental para los derechos humanos y de las generaciones futuras.  

Greenpeace: “La nueva resolución del Ministerio de Ambiente es inconstitucional y debe ser anulada” 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2022.- La organización ambientalista Greenpeace se manifestó ante la Resolución 7/2022 publicada esta semana por el Ministerio de Ambiente de la Nación, en la que aprueba la nueva Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa noruega Equinor para avanzar con sus proyectos offshore en el Mar Argentino.
La Resolución se da en el marco del fallo que realizó la Cámara Federal de Apelaciones el 3 de junio de este año, en el cual instaura la medida cautelar vigente que suspende la actividad offshore en los bloques CAN 100, 108 Y 114 de la Cuenca Argentina Norte.
Desde la organización, sostuvieron que la presentación del Ministerio de Ambiente cuenta con graves falencias, por lo que solicitan su anulación. Como principal cuestionamiento, no cumple con los preceptos del Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado de derecho ambiental de América Latina y el Caribe, al cual Argentina adhirió por ley.
“Esta nueva presentación del ministerio es un atropello a los derechos de la ciudadanía, y exigimos su nulidad por ser inconstitucional, al no cumplir con los preceptos constitucionales del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información, participación pública y transparencia”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Asimismo, el informe de impactos acumulativos y sinérgicos que presentó Equinor es aprobado, pero no acompaña la Resolución; tampoco los documentos citados son de acceso público. Por otra parte, desde el ministerio instan a la empresa de capitales noruegos a articular con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, lo que da cuenta que existe una correlación entre la exploración sísmica y los varamientos de mamíferos marinos.
“La expansión de la extracción y producción de combustibles fósiles afecta al ambiente, agrava la crisis climática y representa una amenaza a los derechos humanos y los de las generaciones futuras. La protesta pública continuará y, desde Greenpeace, seguiremos trabajando para que se respeten los derechos de la ciudadanía. Agotaremos todas las instancias hasta lograr el no definitivo a la exploración sísmica y a la explotación petrolera en nuestro mar”, agregó Vueso.
El 13 de enero, Greenpeace, Surfrider Argentina, la Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, la Asociación de Surf Argentina, la Organización Mar, la Asociación de Surf de General Alvarado (Miramar), Ecos de Mar y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una demanda en el Juzgado Federal número 2 de Mar del Plata. Las ONG presentaron un amparo y una medida cautelar contra el Estado argentino, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente de la Nación por la autorización de las operaciones de exploración offshore en el Mar Argentino. 

Greenpeace: Los humedales tienen la mejor oportunidad en años de ser protegidos

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022. Luego de varias semanas en las que el humo de los incendios en el Delta del Paraná inundó Rosario y alrededores y tras la convocatoria nacional en la que más de 500 organizaciones de todo el país pidieron una ley de protección de humedales, la Cámara de Diputados dará mañana el primer paso, con el plenario de las comisiones de Ambiente, Presupuesto y Agricultura y Ganadería.
“Es el primer avance en muchísimo tiempo, para los humedales de nuestro país”, dijo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de Greenpeace, “Los diputados tienen la oportunidad de dar a este proyecto el impulso necesario para que llegue al recinto lo antes posible y con la fuerza necesaria para ser aprobado. Es importante que no la desaprovechen.Lamentablemente, fueron necesarias miles de hectáreas quemadas y semanas de humo invadiendo las ciudades, para que esto suceda”.
Las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil vienen reclamando una Ley de Protección de Humedales desde hace más de 10 años. Los proyectos presentados fueron perdiendo sucesivamente estado parlamentario, y el fuego fue avanzando sobre estos ecosistemas sin control: en 2020 se quemaron más de 350 mil hectáreas, más de 200 mil en 2021 y en lo que va de este año ya son 230 mil hectáreas incendiadas, en su mayoría en forma intencional.
“Gracias a la presión de la ciudadanía, que no descansó nunca, tenemos la esperanza de que el Congreso finalmente logre una Ley y haya algún tipo de control sobre los humedales”, señaló Mingo. “Se trata de ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y para la provisión de agua, y es inconcebible que todavía no haya regulación sobre ellos”. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022. Luego de varias semanas en las que el humo de los incendios en el Delta del Paraná inundó Rosario y alrededores y tras la convocatoria nacional en la que más de 500 organizaciones de todo el país pidieron una ley de protección de humedales, la Cámara de Diputados dará mañana el primer paso, con el plenario de las comisiones de Ambiente, Presupuesto y Agricultura y Ganadería.
“Es el primer avance en muchísimo tiempo, para los humedales de nuestro país”, dijo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de Greenpeace, “Los diputados tienen la oportunidad de dar a este proyecto el impulso necesario para que llegue al recinto lo antes posible y con la fuerza necesaria para ser aprobado. Es importante que no la desaprovechen.Lamentablemente, fueron necesarias miles de hectáreas quemadas y semanas de humo invadiendo las ciudades, para que esto suceda”.
Las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil vienen reclamando una Ley de Protección de Humedales desde hace más de 10 años. Los proyectos presentados fueron perdiendo sucesivamente estado parlamentario, y el fuego fue avanzando sobre estos ecosistemas sin control: en 2020 se quemaron más de 350 mil hectáreas, más de 200 mil en 2021 y en lo que va de este año ya son 230 mil hectáreas incendiadas, en su mayoría en forma intencional.
“Gracias a la presión de la ciudadanía, que no descansó nunca, tenemos la esperanza de que el Congreso finalmente logre una Ley y haya algún tipo de control sobre los humedales”, señaló Mingo. “Se trata de ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y para la provisión de agua, y es inconcebible que todavía no haya regulación sobre ellos”.  

La Sociedad Rural presiona al gobierno de Salta por más desmontes

Salta, 31 de mayo de 2022.- Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas. El pedido de los ruralistas se da en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. (1)
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación. (3)  

Barcos frigoríficos en altamar: activistas de Greenpeace denunciaron transbordos

La organización ambientalista Greenpeace documentó un transbordo en altamar. Sus activistas, desde el agua y con el mensaje "Protegé el Mar Argentino", expusieron las prácticas que realizan estos pesqueros.
La operación, por la cual un barco pesquero descarga su captura a un buque frigorífico que luego se encarga de transportar a puerto, fue detectada por activistas de la organización, que están a bordo del barco Arctic Sunrise. Ocurrió en una zona del Agujero Azul, fuera de la zona económica exclusiva argentina aunque sí sobre la plataforma extendida de jurisdicción nacional. Esta actividad se estaba realizando a 400 km al sudeste de la Península Valdés.
De acuerdo a la plataforma Global Fishing Watch, entre el 19 de diciembre de 2021 y el 19 de marzo de este año, han existido 258 encuentros entre buques que pueden corresponder a transbordos en altamar en el Agujero Azul. Los transbordos habilitan el blanqueo de capturas provenientes de pesca ilegal, no regulada o no declarada.
Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace declaró: “Los transbordos en altamar permiten que las flotas operen fuera de la vista de las autoridades, lo que facilita que oculten capturas ilegales y estén más tiempo sin regresar a puerto. Eso aumenta significativamente las operaciones de pesca y la probabilidad de abusos de los derechos humanos".
La pesca intensiva, la afectación constante del fondo marino y su diversidad, la facilitación de prácticas comerciales cuestionables por la falta de regulaciones eficientes en altamar y la falta de trazabilidad en la cadena de custodia de las capturas realizadas son algunos de los puntos críticos que se destacan.
“Por todos estos motivos, el Agujero Azul es un foco mundial de lo que llamamos pesca ilegal, no declarada y no regulada, una de las principales amenazas que hoy acechan a los océanos. Este año, tenemos la oportunidad de lograr un Tratado Global de los Océanos. Este acuerdo es crucial, ya que nuestra vida en el planeta depende de océanos sanos. De esta manera, se gestionarán herramientas para crear santuarios marinos más allá de la jurisdicción de los países ribereños. No lograrlo, sería un fracaso”, agregó Vueso.
El barco Arctic Sunrise se encuentra desde hace varias semanas realizando un trabajo de investigación y monitoreo de sobrepesca en el Agujero Azul, como parte de su campaña para la protección del Mar Argentino.

Más información:
El barco de bandera panameña que estaba recibiendo la carga del pesquero de arrastre, pertenece a las empresas de la familia Laskaridis que poseen o controlan la mayor flota mundial de buques frigoríficos dedicados al transbordo en altamar. Fue construido en 1997, su capacidad de carga de pescado congelado aproximada es de 10.000 toneladas y se informa que su calado actual es de 5,7 metros. Su largo total (LOA) es de 143 metros y su ancho es de 22 metros. 

Organizaciones piden al Ministerio de Ambiente que rechace los planes offshore

Las organizaciones Greenpeace, Eco House Global, Jóvenes por el Clima Argentina, Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Surfrider Argentina, Asociación de Surf Argentina, Fundación Patagonia Natural, Asociación Civil Kula Earth, Ecos de mar, Organización Mar, Organización de Conservación de Cetáceos Uruguay, Red Interinstitucional Juntos Podemos, Sociedad de Fomento del Barrio Playa de Los Lobos y Organización Fuser solicitaron al Ministerio de Ambiente que rechace la explotación de sísmica offshore en los bloques CAN 100, CAN 108 Y CAN 114, solicitados por la empresa Equinor. Estos bloques están ubicados en áreas de reproducción y cría de la ballena franco austral.
En septiembre, la suspensión de plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto fue comunicada por medio del Boletín Oficial.
A su vez, solicitaron que se revise el procedimiento de Estudios de Impacto Ambiental que atraviesan las empresas que operan offshore y que se dicte una nueva resolución para éstos, que se ajuste a nuestra legislación ambiental Constitucional, Federal y Convencional y tome los antecedentes de la Corte Suprema de la Nación en Estudios de Impacto Ambiental, considerando en especial la participación pública en la toma de decisiones.
Las organizaciones sostuvieron que la exploración sísmica es el primer paso para la explotación petrolífera en el Mar Argentino. Por ende, los derrames de hidrocarburos, cuya probabilidad es de un 100% de acuerdo a un estudio del UNICEN, pueden afectar seriamente a las costas y al ecosistema marino.
De acuerdo a lo manifestado en el escrito, la apertura de nuevas fronteras hidrocarburíferas y de las emisiones que emanan por la quema de hidrocarburos, en un contexto de emergencia climática global, implica responsabilidad solidaria con las generaciones presentes y futuras y con el resto de los países. Considerando las emisiones actuales de los países, los científicos estimaron que en una década se alcanzaría a colmar el presupuesto disponible para alcanzar 1.5°C de aumento de temperatura. Ello nos expone a cambios en la disponibilidad de agua, en la hidrología, en las precipitaciones y en la productividad de las regiones; inundaciones, incendios, sequía, erosión de suelos y olas de calor.
Los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114, según manifestaron, se superponen con el Frente Talud, área prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Fue incluida en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas sancionado por Ley en 2014. De ella dependen la pesca y el turismo en gran parte de la costa atlántica a lo largo de toda la patagonia. La población de ballena franca austral del Atlántico Sudoccidental, que fue declarada Monumento Natural por la Ley Nacional 23.094 en 1984, transita estas áreas ya que los Golfos Nuevo y San José son áreas de cría, reproducción y socialización en los meses de invierno y primavera.  

Que dejó el 2021: ¿avances o deuda ambiental? 

Incendios forestales en California, la Patagonia argentina, el Amazonas brasileño y varias regiones de Rusia; inundaciones en Australia y en varios países de Europa y Asia; temperaturas extremas, son algunos de los acontecimientos que dejó este año y que, según la organización ambientalista Greenpeace, son ejemplos drásticos de la emergencia climática.
“Atravesamos el segundo año de pandemia, en el quedó en evidencia que el vínculo del hombre con la naturaleza debe cambiar si no queremos profundizar las crisis sanitarias, climáticas y de biodiversidad a nivel global. Debemos construir sociedades más resilientes, donde el bienestar de las personas y el planeta esté en el centro”, sostuvo Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.
De acuerdo a la organización, pese a las grandes expectativas que se depositaban en la COP 26, una cumbre que no pudo realizarse el año pasado debido a la situación sanitaria, los acuerdos internacionales fueron tibios y no estuvieron a la altura de los desafíos que impone la crisis climática.
“Argentina tiene un gran potencial para liderar un cambio en términos de política climática. Para ello, frenar la deforestación e incluir la figura de delito penal, detener los planes de exploración petrolera offshore y apuntar a eliminar los subsidios e inversiones en combustibles fósiles para migrar a una matriz energética sostenible que priorice la generación de energías renovables deben ser medidas fundamentales para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, agregó Giambelluca.
La organización destacó avances en legislaciones que hubo durante 2021, como la sanción de la Ley de Educación Ambiental.
Por otra parte, el intento de avanzar con la minería en Chubut - cuya aprobación impulsó el rechazo de los chubutenses que resisten el avance minero hace décadas y llevó a su derogación-, la postergación de la inclusión de la figura de delito penal para los casos de deforestación en el país y la dilación del tratamiento de una ley de humedales que brinde herramientas efectivas para la protección de estos ecosistemas son algunos de los puntos críticos que tuvieron lugar durante este año.  

Ante la masacre de pingüinos magallanes en la Reserva Punta Tombo, Chubut
Ambientalistas presentan denuncia penal por el Ecocidio de Punta Tombo

En el día de la fecha, la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, para exigir una investigación penal a fondo con motivo de la masacre perpetrada en la Reserva Punta Tombo, donde cientos de pingüinos magallanes fueron asesinados.
“Entendemos que estamos ante un Ecocidio por haberse generado un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
"Las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, en una zona de alta densidad de nidos. Esto es un verdadero crimen ambiental que constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño generado es irreversible y la justicia debe actuar conforme a la gravedad de los hechos", sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Las organizaciones entienden que se estaría configurando la acción típica del delito de Crueldad contra los animales, establecido en los artículos 1° y 3° de la Ley 14.346 de Maltrato Animal, donde se penaliza a quien hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, siendo precisamente perseguida los actos de “lastimar y arrollar animales intencionalmente”, en concurso junto a otros tipos penales, como el Delito de Daño y posiblemente, el delito de Estrago (art. 183 y 186 del CPA).
Al mismo tiempo, la denuncia remitida sugiere a la Fiscalía interviniente que disponga, de manera inmediata, el traslado de los pingüinos afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal no Humano; la presentación, en un plazo 5 días, de un plan de reinserción de los pingüinos que fueran oportunamente trasladados por parte de las autoridades de la Reserva, observando que el mismo asegure los recaudos necesarios para el bienestar animal, manejo de la especie e integridad física; se efectúe una ficha médica por cada pingüino asesinado y herido, y se designe un equipo de expertos en ciencias biológicas y veterinarias de la Reserva a fin de realizar el seguimiento de la evolución de los mismos.
A su vez, se sugiere que se exhorte a la Administración de la Reserva y las reparticiones ministeriales provinciales competentes a diseñar una planificación de la Gestión Institucional de la Reserva, con el deliberado propósito de garantizar el bienestar y dignidad animal, para los pingüinos existentes y otros animales no humanos, adoptando medidas proactivas y preventivas que garanticen que no se realizarán acciones antrópicas en la reserva y terrenos colindantes que comprometan la integridad física y emocional de los pingüinos y otros animales no humanos; exhorte a las autoridades provinciales de Chubut a establecer mecanismos sancionatorios agravados frente a prácticas que dañen a los pingüinos y la diversidad biológica; solicite incorporar al imputado en registro de infractores ambientales y establezca penas privativas de libertad contra su persona y penas accesorias: inhabilitación, caducidad de permisos, clausuras, multas, entre otras.
Las organizaciones insisten en la sanción de un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra. En rigor, las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país durante los últimos años.

Sobre la reserva Punta Tombo
La reserva natural de Punta Tombo de la provincia de Chubut alberga a una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial 

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