ORGANISMOS DE DDHH DE ARGENTINA Y DEL MUNDO PRESENTAN UN ESCRITO EN LA JUSTICIA DE JUJUY PARA RECLAMAR "LA LIBERTAD DE CINCO PRESAS POLÍTICAS QUE YA CUMPLIERON LOS DOS TERCIOS DE SU CONDENA", EN EL MARCO DE LO QUE ENTIENDEN COMO CASOS DE LAWFARE

Organismos de Derechos Humanos (DDHH) de Argentina y del mundo, en el marco de la "Campaña internacional y nacional por la libertad de las presas políticas de Jujuy" y "con un fuerte reclamo por la libertad de Milagro Sala", iniciaron en esta oportunidad "un envío de cartas al Juzgado de Ejecución Penal número 1 de la provincia de Jujuy, a cargo del juez Carlos Cattan", en reclamo de la "libertad de cinco presas políticas que ya cumplieron dos tercios de su condena". Al mismo tiempo, realizan una colecta de firmas para el apoyo a este pedido.

"Las integrantes de la Red de Cooperativas de Vivienda, Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Guerrero, y Adriana y María Condori, han cumplido ya las dos terceras partes de sus respectivas sentencias, por lo cual debería cesar la privación de libertad de inmediato", explican en su escrito los organismos de DDHH, y que agregan que "a pesar de ello y con argumentos falaces e inciertos, se las mantiene cautivas, como verdaderos rehenes del poder misógino y racista del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales".

Esta acción por el pedido de la libertad de estas cinco presas políticas que ya cumplieron dos tercios de su condena, es realizada de manera conjunta por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Nacional y La Matanza, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social, Red Internacional de Comités por la Libertad de Milagro Sala, y Comité Argentino por la Libertad de Milagro.

"No existe democracia real ni garantías constitucionales, cuando persiste esta situación de enorme arbitrariedad institucional y judicial", porque "la detención de Milagro Sala en enero del 2016 y luego la persecución y prisión desatada contra los distintos referentes de las cooperativas de vivienda, constituyen uno de los hechos mas graves del gobierno de Mauricio Macri, y es uno de los ejemplos mas claros de lawfare (guerra jurídica), de persecución política a través del aparato judicial", explicaron.

En el texto qué envían a la justicia jujeña de manera conjunta, los organismos de DDHH explican que "por ello nos dirigimos al Juzgado de Ejecución Penal nro. 1 a cargo del Dr. Carlos Cattan a fin de reclamar la inmediata libertad de quienes han cumplido dos tercios de una condena, que desde un inicio consideramos arbitraria".

"Quienes suscribimos la presente, integrantes de organismos de Derechos Humanos (DDHH), organizaciones sociales y sindicales, defensoras de DDHH y las garantías legales, nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitarle con carácter de urgente, disponga por los medios a su alcance la libertad de la señora María Graciela López, Patricia Margarita Cabana, Mirta Guerrero, Adriana Condori y María Condori, todas ellas privadas aún de su libertad, a pesar de haber cumplido holgadamente los dos tercios de las condenas que les fueran impuestas, en observancia de la normativa de morigeración de la condena establecida en la legislación penal argentina y en las normas internacionales que, en ese sentido, nuestro país ha ratificado", comienza el texto.

Y continúa al afirmar que "la permanencia aún en condiciones de prisión domiciliaria de las personas mencionadas, habiendo superado los tiempos reglamentarios privadas de su libertad, se convierte en una arbitrariedad manifiesta y en un ensañamiento hacia quienes indefectiblemente necesitan reiniciar sus vidas, e intentar superar las adversidades padecidas en todos estos años".

"Reiteramos que motiva esta petición, principios rectores del sistema regional y universal de los Derechos Humanos, así como la normativa interna y los tratados y convenciones incorporados a la Constitución Argentina, que dan sustento a lo aquí solicitado" y "consideramos en ese sentido, que urge una decisión como la que postulamos, para evitar que se termine naturalizando una injusticia", finalizan el pedido a la justicia jujeña. 

Al Pueblo / Al poder judicial
En rebeldía contra la re victimización de prisioneros del genocidio en Argentina

Mi nombre es Iris Pereyra de Avellaneda. En abril de 1976 fui secuestrada junto a mi hijo de 15 años, por el ejército argentino en el marco del genocidio a la clase obrera argentina. Luego de ser sometidos a torturas de todo tipo en la comisaría de Villa Martelli y en el campo de concentración llamado El Campito en Campo de Mayo, fui trasladada a la cárcel de Olmos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y paseada por varias cárceles que la dictadura utilizaba para disciplinar a toda la sociedad. Mi hijo Floreal Edgardo Avellaneda no tuvo esa suerte. Quedó en El Campito en Campo de Mayo y forma parte de los miles de desaparecidos que pasaron por esa guarnición militar. Desde 1985, testimonié en el juicio a las juntas militares y hasta la actualidad, he sido llamada a sede judicial a contar con detalles los padecimientos sufridos mientras estuvimos en calidad de detenidos desaparecidos, en ocho ocasiones ante los juzgados y tribunales que investigan el genocidio.
Y otra vez la burra al trigo.
Como parece que no fue suficiente, en estos días recibí la novena citación para testimoniar por las mismas causas. En esta ocasión y pensando que es hora de ponerle punto final a tanto atropello emocional, contesté que no volveré a dar testimonio y me niego a volver a pasar por la re victimización por el solo hecho de legalizar otro juicio contra genocidas que ya cuentan con varias condenas pero sin embargo no tienen cumplimiento efectivo porque las instancias judiciales, llámese tribunal Oral Federal, Casación o Corte Suprema de Justicia no han tenido tiempo o no piensan dejar firme las sentencias judiciales a las que han sido acreedores los genocidas por delitos de lesa humanidad y por consiguiente siguen usufructuando la impunidad de clase en sus lujosas casas.
Respetuosa de las leyes que rigen en el Estado de derecho, cada vez que fui citada, concurrí con la esperanza de ver en el banquillo de los acusados a los planificadores ideológicos y beneficiarios del genocidio en la Argentina. Cada uno de los que participaron del genocidio tiene su grado de responsabilidad. Los militares que ejecutaron la infamia contra sus propios conciudadanos, sus jefes que ordenaron los crímenes, y los más repulsivos cínicos que planificaron todas las acciones y sus consecuencias. Me estoy refiriendo a cada gerente de fábrica nacional o trasnacional que incorporó antes de 1976 dentro de su empresa a militares para que hicieran la inteligencia y detectar a los trabajadores conscientes que reclamaban el cumplimiento de leyes laborales y luego fueron desaparecidos durante la dictadura. Esos gerentes no han sido sentados en el banquillo de los acusados. Muchas veces los hemos escuchado amenazar con que se irían del país si se sintieran obligados a pagar por sus responsabilidades. Lo hicieron en 1986 utilizando una vez más a militares conocidos como “carapintadas” para presionar por la impunidad de sus crímenes y por los delitos económicos con nombre de deuda externa. Además, los hemos sufrido haciendo corridas cambiarias, haciendo campañas de desestabilización política y económica para resguardar sus privilegios, suba de precios de comestibles, etc. Y no cesan en su accionar de manipular la sociedad en beneficio de esa minoría parasitaria a la que pertenecen.
Para esos criminales civiles también exijo justicia.
Hace 45 años que ocurrieron los hechos y siguen impunes. Los juicios de Lesa humanidad, después de derogar las aberrantes leyes de impunidad Punto Final y Obediencia Debida en 2003, la corte suprema se tomó 2 añitos para declarar inconstitucionales estas leyes y los juicios se retomaron en 2005, desde entonces fueron imputadas 3.448 personas, se dictaron 250 sentencias, resultaron condenadas 1.013 personas solo 276 de ellas con un fallo firme y absueltas 164. De ellos, 904 fallecieron durante los 14 años de sus procesos, y 692 antes de obtener sentencia, lo que significa que murieron impunes y 212 tras ser condenados o absueltos. Es bastante exigua la cantidad de procesados y condenados. Teniendo en cuenta que hubo más de 600 campos de concentración diseminados en todo el territorio nacional.
Ante tan flagrante falta de justicia. ¿Con qué derecho me exigen que vuelva a abrir la puerta del infierno sufrido en los chupaderos de la dictadura para que les cuente mi historia mientras los genocidas lo miran por TV sentados cómodamente en sus mansiones?.
Respetuosamente.
Iris Pereyra de Avellaneda. Sobreviviente del campo de concentración El Campito, en Campo de Mayo.
Presidenta de Asociación Sobrevivientes, familiares y compañeros de Campo de Mayo.

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