El Gobierno admite la ola de embargos, pero no actúa sobre las causas

 Recientemente se dio a conocer la resolución de la Afip 91/2018 del 03/04/2018 (B.O. del 04/04/2018), que dispone otorgar mayor celeridad y sencillez a la disposición de los fondos embargados para usarlos para el pago total o parcial de las sumas demandadas con más el 15% de pago a cuenta de intereses y costas.

Al referirse a esta medida, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Meyer, informó que sólo en 2017 sufrieron embargos 250.000 Pymes. APYME informó en varias oportunidades al secretario Meyer y a las autoridades de AFIP sobre esta problemática, sin obtener respuestas concretas. No se puede exagerar la magnitud del desastre si se considera que 2016 fue un año de fuerte caída de la actividad (que no compensó el repunte de 2017), y en 2018 las perspectivas son de fuerte estancamiento económico.  

La actual medida de AFIP en el mejor de los casos puede significar un leve mejoramiento de los tiempos administrativos y judiciales, pero no resuelve el origen del problema: la acuciante situación fiscal de cientos de miles de empresas ante la falta de planes de facilidades de pagos y una moratoria adecuada para el sector.

Por estos motivos APYME exige declarar la emergencia fiscal de las Mipymes, que son el 95% del total de las empresas existentes, suspendiendo por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales por deudas hasta el 31/03/2018 con refinanciación y moratoria a 120 meses de todas las deudas consolidadas incluidas los  planes caducos y deudas en trámite administrativo y judicial.

Es indispensable que las autoridades, además de tomar nota de la ola de embargos, actúen para que las empresas que proveen más del 70 por ciento del empleo no lleguen a esta instancia. 

El sector de las Pymes está en emergencia, y es urgente debatir y establecer políticas diferenciadas que contemplen su situación. Una verdadera agenda industrial y Pyme debe proponerse metas de desarrollo equitativo en beneficio de todos los sectores del trabajo y la producción nacional. 
 
Buenos Aires, 11 de abril de 2018
 
Eduardo Fernández Presidente / Juan José Sisca Secretario

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CON LAS PYMES AFUERA 

Reunión conciliadora de la cúpula de la UIA con representantes del Gobierno
                     
Tras una semana de cuestionamientos hacia la conducción económica nacional por parte de algunos de sus referentes, en  el día de hoy la máxima dirigencia de la Unión Industrial Argentina (UIA)  sostuvo una reunión conciliadora con el ministro de Producción y el Jefe de Gabinete.

Según declaraciones a la prensa, se ratifica que los representantes de  las grandes empresas de la Argentina no difieren con las líneas fundamentales de la actual política económica, sino que buscan asegurar, como siempre lo han hecho, su máxima rentabilidad a costa del resto de los sectores de la economía.

Tras la reunión el presidente de la UIA proclamó  el inicio de “nueva etapa para una Argentina que necesita ampliar mercados”, y habló de “un país más abierto al mundo”  y de “trabajar en la competitividad para exportar”. Para ello, se comprometió a trabajar en las mesas sectoriales junto con el Gobierno.

Es preciso puntualizar que el actual contexto económico, generado por las políticas aperturistas y desreguladoras del Gobierno, se caracteriza por  el retroceso y el estancamiento de la industria local, con un promedio de 62% por ciento de utilización de la capacidad instalada, la caída continua del mercado interno y un gigantesco déficit de la balanza comercial por la avalancha de productos importados de consumo final e intermedios, que dejan fuera de mercado a sectores productivos enteros, en particular las Pymes, las economías regionales.

En este marco, los acuerdos sectoriales apuntan a abaratar el costo del salario de los trabajadores como principal variable de ajuste. Esta dinámica  puede beneficiar en principio a algunas  empresas, y en particular a la economía concentrada, pero perjudica gravemente al conjunto de  las Pymes: con menores ingresos de los trabajadores activos y pasivos, y una mayor precarización laboral, se provoca una continua merma del poder adquisitivo en el mercado interno, principal fuente de ingresos del 99 por ciento de las empresas del país.

Estas empresas son las que padecen en mayor medida las consecuencias del actual modelo económico:  ahogo financiero y fiscal, falta de acceso y encarecimiento del crédito aumento desproporcionado de tarifas,  invasión de productos extranjeros,  caída en las  ventas  e incremento de costos por la alta inflación y las tendencias alcistas del dólar.

La mal llamada “ley mipyme” promovida por el gobierno y avalada por los sectores de las grandes empresas, demostró ya su previsible ineficacia. Por el contrario, el sector de las Pymes está en emergencia, y es urgente debatir y establecer políticas diferenciadas que contemplen su situación. Una verdadera agenda industrial y Pyme debe proponerse metas de desarrollo equitativo, lo que involucra a todos los sectores del trabajo y la producción agredidos por el actual modelo.

APYME llama a debatir políticas alternativas con un papel activo del Estado,  fomento a la industria nacional, el mercado interno y las pymes y una inserción soberana en el mundo que resguarde los recursos estratégicos del país.

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